El Pleno aprueba las reformas del Reglamento de la Cámara y del Consejo Consultivo

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado su visto bueno por unanimidad a las reformas del propio Reglamento de las Cortes regionales y del Consejo Consultivo de la región, en una sesión que durante cerca de ocho horas ha vuelto a debatir sobre las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 en diferentes ámbitos como el sistema de salud pública, las entidades locales y el próximo curso escolar. Como consecuencia de ello se han aprobado ocho resoluciones.

La reforma puntual del Reglamento de la Cámara regional para hacer posible la convocatoria de sesiones plenarias y de comisiones por videoconferencia, presentada por el Grupo de Ciudadanos, ha salido adelante por unanimidad, después de agrupar en un mismo bloque la toma en consideración, la aprobación de la tramitación por lectura única y el debate de la modificación propiamente dicha.

El texto aprobado por los tres grupos del parlamento permitiría a partir de ahora convocar sesiones telemáticas en situaciones como el confinamiento por estado de alarma que se ha vivido a causa del coronavirus, después de que los servicios jurídicos aclarasen en abril que el Reglamento lo impedía, a pesar de que se disponían de los recursos técnicos para llevarlo a cabo. La reforma solventa estos impedimentos jurídicos.

También ha salido adelante con el voto favorable de los 33 escaños la proposición de ley firmada por los tres grupos para modificar la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que se correspondía con los puntos 2, 3 y 4 del orden del día. La modificación incluye que este organismo sea consultado en las reclamaciones de patrimonial que tramite la administración regional cuando la cuantía supere los 15.001 euros -en vez de los 600 euros actuales- para descongestionar el número de expedientes a tramitar.

Ocho resoluciones aprobadas

Los grupos han debatido cuatro asuntos relacionados con las consecuencias de la actual crisis por la pandemia, dos de ellos relativos a entidades locales. El planteado por el Grupo Socialista sobre financiación local ha contado con la intervención del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y se ha resuelto con la aprobación de las resoluciones de los tres grupos, sin votos en contra para ninguno de los textos.

La iniciativa firmada por el PSOE pide, entre otros aspectos, que “las entidades locales puedan disponer del 100% de sus superávit y remanentes de tesorería para gasto social y mantenimiento del empleo”, así como impulsar un nuevo marco financiero y una mejora de “los mecanismos de colaboración” de la Administración regional y las entidades locales.

Mientras, la resolución popular -que ha salido adelante por unanimidad- también reclama que se pueda utilizar todo este ahorro generado en 2019 y “flexibilizar las reglas de gasto” para que las entidades locales hagan frente a las necesidades sobrevenidas por la pandemia, además de “permitir” que las diputaciones utilicen su remanente de tesorería para inyectar “liquidez a los ayuntamientos”. Su texto insta también a “desbloquear de manera inmediata el problema de las entregas a cuenta que el gobierno nacional adeuda a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas en general”, así como la liquidación del IVA de 2017.

También la resolución de Cs aprobada con sus 4 votos y los 19 del PSOE subraya la necesidad de emplear el ahorro de los ayuntamientos para hacer frente a la crisis actual e instar al Gobierno de España a que no sustraiga superávit para que esos recursos sean empleados “en ayuda de la economía local, tanto familias como empresas”, así como en promover el acuerdo entre administraciones y en reclamar criterios diferentes al exclusivo de población en la negociación de un nuevo marco de financiación local. Entre sus seis propuestas, exige también “aumentar la partida” del Fondo Regional de Cooperación Local de los próximos presupuestos regionales para “paliar el exceso de gasto” experimentado por los ayuntamientos frente a la epidemia.

No obstante, la situación de las entidades locales ha protagonizado otro debate general durante esta jornada, planteado esta vez por el Grupo Popular, que esta vez no ha logrado sacar adelante su resolución. Sí ha sido aprobada la del Grupo Socialista (con sus 19 votos a favor) que reconoce el trabajo realizado por todas las administraciones, en general, y los alcaldes y alcaldesas, en particular, que pide que se promueva “un gran acuerdo institucional” entre la Junta, las diputaciones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para coordinar medidas presupuestarias “para que los fondos liberados por el gobierno de España consigan una mayor eficacia y eficiencia”, así como “un mayor impacto social y económico y se eviten duplicidades o solapamientos”. También la resolución de Cs, que ha salido adelante con sus 4 votos y los 19 del PSOE, remarca la necesidad de reclamar “una financiación adecuada” para la región en el contexto de la puesta en marcha de este fondo para las autonomías.

Sanidad y educación, ante la pandemia

Otro de los debates de esta mañana ha contado con la comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en sede parlamentaria, la quinta desde que se decretó el estado de alarma en marzo. El debate planteado por el PP sobre las repercusiones de la crisis sanitaria en el sistema de salud ha culminado con la aprobación de dos resoluciones. El texto socialista respaldado en la Cámara regional con sus propios votos (Cs se ha abstenido y el PP ha votado en contra) vuelve a subrayar la necesidad de refortalecer la Atención Primaria y respalda las políticas de la Consejería, entre ellas “el mantenimiento de la oferta pública de empleo de las instituciones sanitarias previsto y recientemente aprobada”.

Además, esta resolución pide al Gobierno de la región que defienda los criterios de dispersión y envejecimiento demográficos en la negociación del nuevo marco de financiación del sistema nacional de salud y manifiesta el apoyo al ejecutivo autonómico en su “reivindicación de una mayor participación en el fondo no reembolsable habilitado por el Gobierno de la nación” en respuesta a la pandemia.

Mientras, la resolución de Cs ha sido también apoyada por los socialistas y ha merecido la abstención de la bancada popular. Exige reivindicar ante el gobierno central la unificación de criterios y sistemas de registro de información clínica digital en toda España “para favorecer una adecuada coordinación de los sistemas de información en tiempo real a través de una tarjeta sanitaria”, así como instar al gobierno regional “a poner en marcha la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria con el registro de prestaciones sociales”.

El Pleno ha aprobado también una única resolución a un cuarto debate general -planteado por Cs, se encontraba en el punto 8 del orden del día, pero experimentó un cambio al 11- sobre el desarrollo del próximo curso académico, en el que ha ofrecido sus explicaciones también la consejera del área, Rosa Ana Rodríguez. La Cámara -sin votos en contra- reclama responder a los desafíos planteados al sistema educativo por la pandemia subrayando “los principios de equidad e igualdad de oportunidades mediante una batería de medidas como fortalecer los canales de educación presencial y no presencial, establecer un Plan de refuerzo educativo que “posibilite al alumnado profundizar en los contenidos no trabajados de forma presencial”, refuerce el sistema de becas, congele las tasas universitarias y ofrezca cobertura para “garantizar un acceso igualitario a los estudios universitarios” y “ampliar la oferta de FP, incluyendo la Dual”.

Declaración institucional de Unicef

El Pleno ha arrancado minutos después de las diez de la mañana con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia de la Covid-19 y -como se acordó para esta X Legislatura- de las víctimas de la violencia machista. En primer lugar se ha llevado a cabo la lectura por parte del secretario primero de la Mesa de las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, de la declaración institucional en relación con las consecuencias que ha tenido la pandemia del coronavirus en la infancia y la adolescencia.

El texto reclama que “amparar a los niños y niñas es imprescindible, ahora más que nunca” ante los efectos que el empeoramiento de las condiciones económicas pueda tener en sus vidas.

En consonancia con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -fin de la pobreza, derechos a la educación de calidad, la salud y el bienestar y a protección  frente a toda forma de violencia-, la declaración de Unicif -respaldada por la comisión de seguimiento parlamentaria- manifiesta su compromiso “para afrontar de manera conjunta las consecuencias en el ámbito sanitario, social y económico” derivadas del coronavirus; solicita la detección de riesgos y oportunidades ante la nueva situación; e insta al gobierno regional a que avance en “la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias”, garantizando durante esta crisis “el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, a través de os órganos de infancia y adolescencia establecidos en cada administración competente”.

Los grupos de la oposición han tenido también oportunidad de preguntar en el bloque de control al gobierno sobre ayudas al sector del olvidar (PP), la carretera regional CM-3001 Villatobas-Lillo (PP), la escolarización en Torrejón del Rey (Cs), el reparto del Fondo de Contingencia y suplemento de crédito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en los servicios sociales (PP) y el procedimiento de contratación, adjudicación, cantidades y tipología de los test de detección de la Covid-19 (Cs). Han respondido a estas cuestiones orales los consejeros de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; de Fomento, Nacho Hernando -que ha respondido también a la última pregunta-; de Educación, Rosa Ana Rodríguez y de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro.

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