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CLM destina 3,6 millones de euros a mejorar las capacidades digitales de la población más vulnerable y del ámbito rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 3,6 millones de euros a mejorar el acceso de la población en riesgo de exclusión digital a todo tipo de servicios online relacionados tanto con la Administración pública como con los servicios privados.

Todo ello, después de que ayer el Consejo de Gobierno aprobara el Decreto que regula la concesión de una subvención directa de 3.627.672 euros a la entidad Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) para el desarrollo y mejora de las capacidades digitales de la población más vulnerable de la región, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y como una pare de la estrategia de lucha contra la pobreza dado que la brecha digital tiene consecuencias negativas para la población vulnerable como riesgo de exclusión social y situaciones de pobreza.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que, de este modo, “se realizarán acciones de formación y el acompañamiento necesario adaptado a cada persona para que adquieran el conocimiento y habilidades necesarias para hacer un uso adecuado y seguro de estas herramientas digitales”.

“Estas acciones son indispensables y más necesarias que nunca” si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas a las que van dirigidas necesitan acceder a los servicios públicos y, especialmente, a los servicios sociales, dado que éstos están en un proceso de transformación digital y en un futuro la mayoría de los trámites serán online, tal como ha explicado la consejera.

Formación en manejo de correo, whasatapp o banca online

En este sentido, Blanca Fernández ha detallado que algunos de los contenidos que se impartirán a, al menos, 2.400 personas que poseen menos nivel de formación, a la población mayor y a la que tiene un manejo limitado de las tecnologías serán, entre otros, el entorno de trabajo con el sistema Windows, la búsqueda de información en internet, funcionamiento de Google y del correo electrónico de Gmail o la administración electrónica. Y a ello se añadirá también formación sobre whatsApp, amenazas de Internet, consejos de seguridad y los principales ajustes de los smartphones, además de la banca online, que también es una barrera digital, sobre todo en las zonas rurales. “En cualquier caso, el objetivo es mejorar el acceso a la población en riesgo de exclusión social a todo tipo de servicios online tanto con la Administración pública como en los servicios privados”, en palabras de la consejera.

Reducir la brecha digital en el ámbito rural

Precisamente, Blanca Fernández ha remarcado que, con este proyecto, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende evitar las dificultades añadidas a la brecha digital por el aislamiento geográfico y demográfico de la población diana. Hay que tener en cuenta las singularidades de la región, que cuenta con un perfil y caracterización eminentemente rural, en la que más del 90 por ciento de su geografía es rural, y más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes.

Tal como ha explicado la consejera, “la brecha digital reproduce una nueva barrera que debemos convertir en una nueva oportunidad, y eso es lo que pretendemos conseguir porque puede provocar aislamiento social e incomunicación; barreras para el estudio y el conocimiento; también puede acentuar las diferencias sociales en la medida que es una barrera para el estudio y el conocimiento y eso provoca que no se pueda acceder en las mismas condiciones de empleabilidad;  afecta mayoritariamente a las mujeres y dificulta el acceso a los servicios públicos y muchas veces hablamos de una población que tiene necesidad de recurrir a los mismos”.

Este proyecto formará parte de un proceso de intervención social que implique el acompañamiento profesional antes, durante y posterior a la formación en competencias digitales, y para ello se contará en las cinco provincias con personal técnico en intervención social que trabajará de forma coordinada con los servicios sociales de atención primaria y con las entidades del tercer sector social que realizan proyectos de inclusión social, en este caso con Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha, que aglutina a 50 entidades de acción social de la región que trabaja para reducir y erradicar la pobreza y exclusión social desde diferentes perspectivas.

Es, por tanto, la “entidad idónea” para encargarse de la implementación del proyecto, sin olvidar además su larga trayectoria en la gestión de proyectos dirigidos a la población vulnerable, así como el gran número de entidades sociales que forman parte de la misma y que abarcan todo el territorio de la región, posibilitando con ello que el proyecto pueda llevarse a cabo en núcleos de población con escaso número de habitantes, siendo éste uno de los objetivos a los que también se debe dar respuesta.

Hasta 360 acciones formativas hasta junio de 2023

Con esta hoja de ruta, la consejera de Igualdad y portavoz ha avanzado que algunos de los resultados esperados con la implantación del proyecto son proporcionar 60 horas de formación a al menos 2.400 personas beneficiarias; dotar al alumnado que lo precise de un equipo informático con conexión a Internet durante 12 meses para mejorar sus capacidades digitales; fortalecer a las entidades sociales como espacios de inclusión digital; realizar hasta 360 acciones formativas hasta junio de 2023 a través de las organizaciones sociales de Castilla-La Mancha; generar contenidos de valor en internet para luchar contra la brecha digital en toda la región y motivar a toda la población para formarse en materia de nuevas tecnologías; y también en la gestión y estado de trámites ante las diferentes administraciones públicas. 

Para finalizar, cabe resaltar que esta ayuda de carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario se concede con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que con la finalidad de ejecutar este tipo de proyectos, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 suscribieron un convenio de colaboración el 27 de agosto de 2021.

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