Aprobada por unanimidad la Ley del Tercer Sector Social

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha alumbrado este jueves la primera ley del segundo periodo de sesiones de la X Legislatura. Los 33 diputados y diputadas han respaldado con su voto el Proyecto de Ley del Tercer Sector Social, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, en una sesión en la que también se han aprobado dos resoluciones a un debate sobre fiscalidad y dos propuestas no de ley sobre instalación de desfibriladores y ayudas al colectivo LGTBI en ámbito rural.

Una fotografía entre integrantes del gobierno y de grupos parlamentarios y representantes de colectivos sociales, previa al inicio del Pleno, escenificaba a las puertas de la sede de la Cámara, el antiguo Convento de San Gil, esta unanimidad en la culminación de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Tercer Sector Social, que, ya en el Salón de Plenos, ha sido defendido por la consejera del ramo, Aurelia Sánchez Navarro.

La aprobación por consenso de esta nueva ley social ha sido posible después de un proceso de negociación entre los grupos que se ha saldado con ocho enmiendas transadas (cinco de Ciudadanos y tres del PP), la votación a favor por parte de los socialistas a una enmienda viva del PP y la retirada por parte de este grupo de la oposición de tres de las que en principio había mantenido tras fijarse el dictamen del proyecto de ley en la Comisión de Bienestar Social.

Debate sobre fiscalidad

En el segundo punto del orden del día, los tres grupos y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, han debatido acerca de la presión fiscal en la región para este año 2020, a propuesta del Grupo Popular, que no ha sido capaz de sacar adelante su resolución. Sí han salido adelante las dos de Ciudadanos, por unanimidad, y la del PSOE, con sus votos a favor -el PP ha votado en contra y Cs se ha abstenido-.

La resolución apoyada por el conjunto de la Cámara anima al gobierno regional a que adopte “las medidas legales necesarias” para reclamar al ejecutivo central la devolución de las cantidades pendientes del IVA de diciembre de 2017.

Mientras, la resolución socialista también muestra respaldo a las medidas que se lleven a cabo en esta misma reclamación, insta además al gobierno regional a “congelar impuestos”, pide a los grupos parlamentarios que mantengan una “unidad de criterios a la hora de conseguir un sistema de financiación justo, equilibrado y solidario” y, entre otros aspectos, anima a la administración regional a que pida a su vez a la central que avance en armonización fiscal, inspecciones contra el fraude y lucha contra los paraísos fiscales.

Propuesta a favor de instalar desfibriladores

Otros dos puntos del orden del día proponían el debate y la votación de dos proposiciones no de ley (PNL) de Ciudadanos. Una de ellas, relativa a la instalación de desfibriladores automáticos en espacios no necesariamente sanitarios, ha salido adelante después de un receso para negociación justo antes de la ronda de votaciones.

El texto, aprobado por unanimidad, plantea una modificación del Decreto 4/2018 que regula el uso de desfibriladores externos automatizados por personal no sanitario para que la Consejería de Sanidad ponga en marcha un plan de instalación de estos dispositivos “antes de 2022” y en colaboración con el resto de administraciones. Además, sugiere espacios como establecimientos comerciales, aeropuertos, teatros, ayuntamientos o centros educativos o de trabajo con más de 250 empleados.

La otra PNL de Ciudadanos en ser aprobada -con sus únicos cuatro votos a favor, pero gracias a la abstención de los otros 29 parlamentarios de la Cámara- pide introducir modificaciones en la Orden 101/2017, de 24 de mayo, para abrir en municipios de menos de 10.000 habitantes una línea de “subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo”. La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha intervenido en este debate para justificar la abstención socialista.

Control al gobierno

El tramo final de la sesión parlamentaria se ha centrado en la labor de control al gobierno a través de dos puntos, el primero de ellos una interpelación al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sobre el Programa 412E ‘Planificación, atención a la salud e instituciones sanitarias’, con la intervención del diputado popular Juan Antonio Moreno Moya. Tras las explicaciones dadas por el titular regional de esta cartera y la intervención de los tres grupos para fijar sus posiciones, el debate regresará en el orden del día de la próxima sesión.

Finalmente, la oposición ha tenido oportunidad de formular preguntas orales a los consejeros de Sanidad y Bienestar Social sobre el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, el protocolo de actuación de las UVI’s móviles en la provincia de Albacete y la EDAR (estación depuradora) de La Puebla de Almoradiel (Toledo), en el caso del PP, y sobre la ‘Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social’, en el caso de Cs.

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